Lo que hay y lo que
es
El aforamiento, la
opacidad o cualquier privilegio que gocen los representantes políticos, los
funcionarios o la administración del Estado, son patologías que admitimos como
“hechos consumados” y siquiera nos planteamos las consecuencias o las razones
por las que se mantienen. Deberíamos hacerlo, sobre todo en esta crisis y en
época electoral.
No es normal que los funcionarios españoles estén en MUFACE,
se diría que el Estado desconfía de lo público. También es difícil comprender
que el eurodiputado López Aguilar use de su aforamiento para un problema
doméstico o que los funcionarios y políticos de la UE estén mejor pagados que
sus homólogos en los Estados miembros. No son simples anécdotas.
El silencio administrativo, la prevalencia de las
obligaciones del ciudadano sobre las de la administración y la excesiva
tolerancia hacia los errores de la misma son, también síntomas alarmantes.
Puedo aportar una experiencia que ilustra la magnitud: se
permiten, en 2006, discrepancias de un 40% de la propiedad entre los registros
catastrales y de la Propiedad. En ambos registros he pagado los servicios.
Estaban obligados a comunicar entre los dos organismos, yo también lo estaba y
prevalece mi incumplimiento sobre el de la administración. Nadie se plantea la
fiabilidad de los Registros o la responsabilidad de los que inscriben.
La crisis está plagada de ejemplos, ¿Qué hacía en Banco de
España o cualquiera de los instrumentos de control mientras estallaba la
crisis? El mismo argumento puede ser utilizado con respecto a la corrupción.
¿Quién lo está pagando?
Las patologías expuestas no surgen solas, han sido
implantadas por imperativo de lo que hay, y lo que hay muestra muy poco respeto
por el Estado de Derecho. No tenemos por qué resignarnos a lo que hay, porque
no es.
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